Los puntos clave de la nueva versión de la Ley de Bases

El  Gobierno consiguió dictamen de mayoria sobre la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, esta vez en una versión condensada en comparación con el texto que fue rechazado el 5 de febrero, cuando el presidente Javier Milei ordenó su retorno a comisión.

El oficialismo se vio obligado a eliminar artículos hasta el último momento, debido a discrepancias con la oposición dialoguista, para evitar derrotas en el recinto durante el tratamiento particular. A pesar de los recortes y ajustes, el texto resultante sigue siendo extenso, con 240 artículos y 162 páginas.

La insistencia de la UCR llevó a excluir al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a una privatización parcial, junto con todas sus subsidiarias, como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Servicios.

El capítulo sobre modernización laboral se vio reducido en comparación con la versión original. En este sentido, prevaleció la postura del presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, quien evitó abrir un enfrentamiento con los sindicatos al eliminar la propuesta de eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados.

También se eliminó por completo el capítulo de Defensa de la Competencia, ya que el Gobierno consideró que, en el actual escenario marcado por sospechas de cartelización en empresas de medicina prepaga, las modificaciones propuestas debilitarían la capacidad del Estado para combatir estas prácticas abusivas.

Además, se suprimió el capítulo sobre la consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, que permitía la venta de acciones, debido a la presión de la oposición para que el Estado nacional saldara primero las deudas previsionales con las provincias antes de liquidar acciones.

La ley omnibus ahora declara emergencia en cuatro áreas: económica, administrativa, energética y financiera, recortando las áreas de seguridad y tarifaria presentes en versiones anteriores. Esto otorga facultades delegadas al Poder Ejecutivo para tomar decisiones en cada uno de estos ámbitos.

El capítulo de reforma del Estado permite al Poder Ejecutivo eliminar reparticiones públicas, suprimir competencias y funciones, fusionar estructuras o disolver total o parcialmente organismos de la administración. Sin embargo, se ha agregado una lista de organismos exentos de disolución, ampliando las excepciones presentes en versiones anteriores.

En respuesta a las demandas de la oposición, se realizaron ajustes para asegurar que los recursos de los fideicomisos financiados con impuestos coparticipables regresen a la masa coparticipable, mientras que los fondos de otros fideicomisos se destinan al Tesoro.

En cuanto a las privatizaciones, se incluyen empresas como Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E. e Intercargo SAU, mientras que se propone un esquema de concesión privada para otras empresas como Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., SOFSE y Corredores Viales S.A.

El tema de la reforma laboral se ha reducido a la extensión del período de prueba, la creación de un fondo de cese laboral opcional en los convenios colectivos como alternativa a las indemnizaciones y la derogación de multas por no registrar trabajadores.

En relación con los períodos de prueba, se propone extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, a 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores y a un año para microempresas de hasta 5 trabajadores. La empresa solo podrá utilizar esta figura una vez por trabajador, y su abuso conlleva sanciones.

Un aspecto clave de la ley es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión en proyectos de más de 200 millones de dólares.