Se debate la Ley Bases en el Senado: el Gobierno confía en tener los votos pero hay puntos en los que aún no hay acuerdo

El Senado debatirá este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzará a las 10. La discusión en particular promete ser álgida, ya que aún falta alcanzar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.

La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular de estas dos iniciativas clave para el Gobierno Nacional.

Uno de los capítulos que genera mayor controversia es la facultad del Poder Ejecutivo para eliminar, fusionar o disolver organismos públicos. A pesar de que se han sumado entes que no pueden ser afectados, muchos legisladores dialoguistas se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.

De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron de que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.

También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones (RIGI) de 200 a 900 millones de dólares, destinado a grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.

La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI, disponiendo que una empresa extranjera que realiza una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.

También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.

Pero estos cambios aún no dejaron conformes a muchos legisladores dialoguistas, que insisten en que se deben limitar aún más el RIGI para no perjudicar a las empresas nacionales.

Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas. Aquí se plantea un problema para el Gobierno, ya que hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolíneas Argentinas. Es probable que si los números están muy ajustados, se decida eliminar a la línea aérea de la lista de empresas a vender.

Las empresas que el Gobierno de Javier Milei quiere privatizar, además de Aerolíneas Argentinas, son Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

En tanto, en el caso de Aguas y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, se propone una concesión parcial, es decir, que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa), se fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Otro punto clave es la reforma del impuesto a las ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados. Solo se mantendrán las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en el mínimo no imponible, comenzando a tributar a partir de salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y 2.8 millones de pesos brutos para los casados.

El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar quienes ya participaron de ese beneficio en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como cónyuges, padres e hijos.