POLíTICA
Despidos masivos en ACUMAR ponen en peligro el saneamiento del Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) se encuentra en medio de una nueva ola de despidos, resultado de un plan de ajuste implementado por el Gobierno nacional. Bajo la dirección del ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se busca reducir a la mitad la plantilla de trabajadores, pasando de 850 a aproximadamente 450 empleados.despidos en Acumar.
03/03/2025
Por Lumpen Redacción

Este recorte se suma a los más de 200 despidos ocurridos en 2024, afectando directamente el funcionamiento del organismo y poniendo en riesgo el cumplimiento del fallo judicial que ordena el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Las áreas más afectadas por la reestructuración incluyen la construcción de viviendas, instalación de redes de servicios, educación ambiental, fiscalización de industrias contaminantes, gestión de residuos y limpieza del río. La paralización de estas actividades podría agravar la crisis ambiental y afectar a más de seis millones de habitantes que dependen de un tratamiento adecuado de la cuenca.
Organizaciones ambientales y gremios han expresado su preocupación ante la reducción de personal y la suspensión de obras clave. Los trabajadores despedidos denuncian la falta de respuestas por parte de las autoridades y advierten sobre las graves consecuencias de este ajuste en uno de los pasivos ambientales más críticos del país.
Esta situación se produce en un contexto donde, según informes recientes, los niveles de contaminación en el Riachuelo siguen siendo alarmantes, con presencia de plomo, arsénico, mercurio y cromo por encima de los límites permitidos. A pesar de algunos avances en la limpieza superficial, la contaminación persistente continúa afectando la salud de los habitantes de la cuenca.
La decisión de la Corte Suprema en octubre de 2024 de finalizar su supervisión sobre las obras de saneamiento ha generado preocupación entre los vecinos y activistas, quienes temen que, sin esta supervisión y con los recortes presupuestarios actuales, las mejoras logradas puedan revertirse.
La comunidad afectada y las organizaciones ambientales hacen un llamado urgente al Gobierno para que reconsidere estas medidas y priorice la salud pública y el medio ambiente en sus políticas.
Vía: Enfoque Sindical
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