POLíTICA
Intervinieron el Puerto de Ushuaia: despliegue de fuerzas de seguridad y desplazamiento de la administración provincial
El Gobierno Nacional tomó el control operativo y administrativo de la terminal portuaria fueguina. La medida, ejecutada de forma sorpresiva, responde a presuntas irregularidades en la gestión de recursos por parte de la administración de Gustavo Melella.
23/01/2026
Por Lumpen Redacción
En un despliegue de gran magnitud y carácter sorpresivo, diversas fuerzas de seguridad federales procedieron en las últimas horas a la intervención total de las instalaciones del Puerto de Ushuaia. El operativo técnico incluyó la toma de control de las oficinas administrativas y de los sectores operativos del muelle, desplazando a la Dirección Provincial de Puertos (DPP) bajo mandato de la autoridad nacional.
El procedimiento se inició con la notificación de desalojo inmediato al personal que se encontraba cumpliendo funciones en el predio. Según fuentes oficiales, solo 12 trabajadores técnicos fueron autorizados a reingresar para garantizar la continuidad mínima de las tareas críticas. El control del nodo logístico ha quedado bajo la órbita directa de los interventores designados por el Ejecutivo Nacional.
A pesar de la fuerte presencia de escuadrones de seguridad en los accesos y áreas restringidas, el régimen operativo de la terminal no ha sido suspendido. Se mantiene la actividad habitual en el movimiento de cargas y en la recepción de turismo de cruceros, con el objetivo de no afectar el flujo económico estratégico que representa este puerto para la región.
Motivaciones del conflicto jurisdiccional
La intervención se produce en un contexto de alta tensión política entre la Casa Rosada y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Según trascendidos técnicos de la gestión federal, la medida responde a una supuesta apropiación de recursos generados por la terminal portuaria. Se estima que la administración provincial habría desviado un tercio de los ingresos genuinos del puerto hacia otras áreas del presupuesto general, desatendiendo las reinversiones necesarias en infraestructura portuaria.
En el lugar se constató la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Mónica Urquiza, quien supervisó el desarrollo del procedimiento policial y administrativo, aunque sin capacidad de interferir en las órdenes de la intervención.
Impacto y seguridad jurídica
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial conjunto que detalle los plazos de esta medida excepcional o los expedientes judiciales específicos que la sustentan. Sin embargo, la acción se interpreta como un movimiento de Nación para recuperar el control de activos estratégicos en la zona sur.
La situación mantiene en estado de alerta a las empresas de logística internacional y a los operadores turísticos antárticos. El Puerto de Ushuaia es un activo crítico no solo por su recaudación fiscal, sino por su rol geopolítico en el Atlántico Sur. La incertidumbre radica ahora en la duración de la intervención y en cómo afectará esto a las futuras licitaciones de ampliación del muelle y la autonomía financiera de la provincia sobre sus recursos naturales y servicios portuarios.