La Ingeniería Legislativa para 100 Millones de Cabezas. E9/20

APERTURA

En Argentina se aprueban leyes como se firman cheques sin fondos: con gesto solemne, con foto para los diarios, y sin que nadie vuelva a preguntar si el cheque se cobró.

◆ EL FOGÓN SOBERANO: “En Argentina se aprueban leyes como se firman cheques sin fondos: con gesto solemne, con foto para los diarios, y sin que nadie vuelva a preguntar si el cheque se cobró.”

Se sanciona una ley de emergencia ganadera, se la anuncia en conferencia de prensa, se publican los considerandos en el Boletín Oficial, y después nadie — absolutamente nadie — mide si funcionó. No hay índice que registre el progreso. No hay auditoría que verifique los resultados. No hay consecuencia cuando fracasa. La ley se aprueba, los legisladores aplauden, el ministro sonríe para la foto, y tres años después el stock ganadero sigue cayendo exactamente al mismo ritmo que antes.

Este ensayo no propone más cheques sin fondos. Propone ingeniería.

Tres fases. Doce años. Legislación específica por etapa. Cada ley con un responsable que paga si no cumple, una fuente de financiamiento que no depende de la buena voluntad de un ministro de turno, y un índice de trazabilidad que mide cada seis meses si la medida avanza, se estanca o retrocede. Y si retrocede, se activa corrección automática. Sin discursos. Sin comisiones. Sin mesas de diálogo que duran cuatro años y producen un informe que nadie lee.

Ingeniería legislativa con la misma precisión con que se diseña un sistema productivo.

Ingeniería legislativa con la misma precisión con que se diseña un sistema productivo.

Porque las leyes son herramientas. Y una herramienta que no se mide, no se calibra y no se audita no es una herramienta: es un adorno. En los ensayos anteriores demostramos que la recuperación ganadera es técnicamente viable y económicamente rentable. Ahora hay que demostrar que es legislativamente posible. Que existe un camino legal concreto para pasar de 50 a 100 millones de cabezas en doce años, para volver a poner 80 kilos de carne per cápita en la mesa de cada argentino, y para blindar ese logro de manera que ningún gobierno futuro pueda desmontarlo con un decreto a las tres de la mañana.

Empecemos por lo que hay. Que es peor de lo que parece.

SECCIÓN 1: DIAGNÓSTICO LEGISLATIVO  EL MARCO QUE DESTRUYE

Cada ley que regula la ganadería en Argentina fue diseñada — o mantenida — para beneficiar a alguien que no es el productor ni el consumidor. No es negligencia. Es arquitectura. El marco legal vigente funciona exactamente para lo que fue diseñado: transferir riqueza del interior productivo al puerto exportador y del plato argentino al mercado internacional.

Inventario del daño.

Ley 21.453, año 1976, firmada en dictadura militar: régimen de registro de exportaciones de granos. La matriz legal que hizo posible el modelo sojero. Lleva casi cincuenta años vigente. La firmó Videla. La mantuvieron Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina, Macri, Alberto Fernández y Milei. Nueve gobiernos democráticos consecutivos. Ninguno la tocó.

◆ EL FOGÓN SOBERANO: “Cuando nueve gobiernos democráticos de signo opuesto coinciden en mantener una ley de la dictadura, no es inercia burocrática: es consenso de clase.”

Resolución 11/2006, gobierno de Kirchner: cierre de exportaciones de carne vacuna. La medida que iba a “abaratar el asado para el pueblo”. Resultado: pérdida de 12 millones de cabezas entre 2006 y 2011. Los criadores liquidaron vientres porque producir no tenía sentido si no podían vender. El asado no se abarató. El rodeo perdió una quinta parte. Y los que tomaron la decisión siguen dando charlas sobre soberanía alimentaria en universidades públicas.

Decreto 133/2015, gobierno de Macri: eliminación total de retenciones a la soja. El incentivo fiscal más potente jamás diseñado para convertir campo ganadero en campo sojero. Lo que el kirchnerismo destruyó por arriba con el cepo exportador, el macrismo lo destruyó por abajo con el subsidio implícito al monocultivo. Métodos opuestos, resultado idéntico: menos vacas.

GAPA 2016, Guías Alimentarias para la Población Argentina: “limitar el consumo de carnes rojas”. Adopción textual de recomendaciones de la OMS diseñadas para países donde se consumen 120 kilos per cápita. Argentina consumía 55 cuando esas guías se publicaron. Recetarle dieta a un desnutrido porque en otro continente hay obesos. Eso hicieron nuestros nutricionistas oficiales, y ninguno perdió el cargo.

Código Alimentario Argentino: no contempla faena de proximidad, no habilita circuitos cortos, no permite venta directa productor-consumidor para establecimientos menores a 200 cabezas. Un productor de Reconquista no puede venderle legalmente medio costillar al almacén del pueblo. Tiene que mandar la hacienda a un frigorífico a 300 kilómetros, pagar flete, pagar faena, pagar intermediarios, y ese mismo costillar llega al mostrador un 60% más caro. El Código Alimentario no protege la salud del consumidor. Protege la rentabilidad del intermediario.

Régimen tributario vigente: carga efectiva del 40% sobre la inversión ganadera. Retenciones del 9%, Ganancias del 35%, Ingresos Brutos provinciales, tasas municipales, tasa vial, guías de traslado. Un productor que invierte USD 50,000 en pasturas y vientres trabaja cinco meses al año para el fisco antes de ver un peso de ganancia. El Estado que no le da crédito le cobra cuatro de cada diez pesos que produce.

Eso es lo que hay.

* * *

Ahora lo que falta. Y lo que falta es todo.

No existe una Ley de Soberanía Ganadera. No existe un Instituto Nacional de Carnes con poder real, presupuesto propio y directorio que excluya a las corporaciones que destruyeron el sector. No existe un régimen diferenciado para productores de menos de 500 cabezas, que son el 78% del total y los que más sufren la presión fiscal. No existe un marco legal para ganadería regenerativa. No existe una ley de trazabilidad que funcione para el 95% de los productores y no solo para el 5% que exporta a la Unión Europea.

Todo lo que debería existir para proteger la ganadería, no existe. Todo lo que existe, la destruye.

* * *

Pero existió. Una vez.

Tercer gobierno de Perón, 1973-1974. Junta Nacional de Carnes con poder real: precios sostén, cupos de exportación administrados, créditos ganaderos del Banco Nación a tasa subsidiada. Resultado: 60 millones de cabezas, 90 kilos per cápita, pleno abastecimiento interno con excedente exportable. Un productor podía producir, un trabajador podía comer asado el domingo, y el país exportaba el sobrante. No el revés. Duró dieciocho meses. Después vinieron el Rodrigazo, la Triple A, el golpe de Videla, y la Ley 21.453 que inauguró el medio siglo de destrucción que este ensayo propone revertir.

* * *

Y hoy, mientras para la ganadería no hay un peso, el gobierno presenta el RIGI como vitrina de “inversión privada”. Veintisiete proyectos, USD 35,000 millones comprometidos, energía y minería, exportación de recursos naturales. El primer proyecto aprobado fue de YPF — empresa 51% estatal — que con dinero público accede a beneficios fiscales diseñados para atraer capital privado. Los socios internacionales entran con riesgo reducido porque la infraestructura la banca el contribuyente. Como señaló el diputado santafesino Carlos Del Frade — que votó en contra de la adhesión provincial al RIGI en diciembre de 2024 — esto no es inversión privada: es socialización del riesgo con privatización de la ganancia.

◆ EL FOGÓN SOBERANO: “Para extraer petróleo y exportarlo, USD 24,800 millones en incentivos a treinta años. Para producir la carne que alimenta al pueblo argentino, presión fiscal del 40% y silencio legislativo.”

La pregunta no es si se puede financiar un plan ganadero nacional. La pregunta es por qué se elige no hacerlo. Este ensayo responde con un plan concreto. Tres fases, doce años. Cada ley con fuente de financiamiento, responsable institucional, y un índice de auditoría que ninguna legislación argentina tuvo jamás.

SECCIÓN 2: FASE 1 — EMERGENCIA GANADERA (2026-2028)

Objetivo de la Fase 1: detener la hemorragia. No se puede reconstruir un rodeo mientras se sigue desangrando. Primero frenás la pérdida de vientres, creás condiciones mínimas de crédito y trazabilidad, y abrís los circuitos cortos que el Código Alimentario tiene bloqueados desde hace décadas. Cinco instrumentos legislativos en dos años. Cada uno con costo, fuente, responsable y métrica.

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