Justicia ordena la disolución de LeoLabs la empresa que opera el radar británico en Tierra del Fuego

La disputa por la permanencia de un radar de capitales británicos en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego ha alcanzado su punto más crítico. Según informó Agenda Malvinas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la provincia falló a favor de la Inspección General de Justicia (IGJ), ordenando la disolución de la empresa LeoLabs Argentina SRL.

Fundamentos del fallo

La decisión judicial valida la Resolución N° 607/2024 de la IGJ, la cual planteaba la "imposibilidad sobreviniente del cumplimiento de su objeto social". Bajo los términos de la Ley General de Sociedades (No. 19.550), si una compañía no cuenta con los permisos nacionales y provinciales necesarios para operar —especialmente por razones que afectan la seguridad nacional—, su existencia como entidad comercial pierde validez jurídica.

Consecuencias legales inmediatas

La disolución de la subsidiaria de LeoLabs Inc. conlleva efectos jurídicos determinantes que, de acuerdo con Agenda Malvinas, dejan a la firma en una situación de "indefensión corporativa":

• Pérdida de personería: La IGJ procederá a cancelar la matrícula de inscripción en el registro público.
• Imposibilidad de reclamo: Al dejar de existir legalmente en el ámbito local, la empresa pierde la base para litigar o presentar reclamos en foros federales o internacionales.
• Camino libre al desmantelamiento: Sin un propietario legal que pueda oponerse, se facilita el cumplimiento de la orden de demolición de las estructuras en la estancia "El Relincho", un proceso sobre el cual el Superior Tribunal de Justicia provincial ya se ha declarado competente.

Un giro en la realidad política

El medio Agenda Malvinas recordó que, si bien en septiembre de 2024 el anuncio de este pedido de disolución fue interpretado como una "operación de prensa" del gobierno de Gustavo Melella para mitigar el costo político de la instalación, hoy se ha transformado en una realidad judicial firme.

El fallo también pone bajo la lupa a los directivos locales vinculados al poder político que inicialmente negaron las capacidades militares del radar, las cuales fueron confirmadas posteriormente por el propio Reino Unido. En la actualidad, el destino de la instalación parece sellado, a menos que medie una intervención directa del gobierno nacional o gestiones diplomáticas de alto nivel. No obstante, la expectativa social en la provincia es que este avance judicial se traduzca prontamente en el desarme pieza por pieza de la estructura.

Fuente Agenda Malvinas